=En un caso de violencia política, la Comisión de Quejas aprobó investigar por presunta exclusión de una mujer en una asamblea comunitaria por razones de género
Redacción Primera Plana
La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó el inicio de un procedimiento especial sancionador por una denuncia relacionada con presunta violencia política contra las mujeres en razón de género. En diverso asunto, se determinó la implementación de medidas de protección en favor de una persona promovente perteneciente a un grupo vulnerable.
En su Vigésima Cuarta Sesión Urgente, la Comisión aprobó iniciar un procedimiento especial sancionador derivado de la queja presentada por una ciudadana que denunció debido a que se le impidió participar en una asamblea comunitaria celebrada en el marco del proceso para elegir a una autoridad representativa tradicional de un barrio originario.
En los antecedentes, la promovente señaló que un ciudadano le negó la posibilidad de intervenir bajo el argumento de que únicamente los hombres podían hacerlo.
Tras un análisis preliminar con perspectiva de género e intercultural, la Comisión consideró que los hechos podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, por lo que ordenó el inicio de la investigación correspondiente.
Asimismo, determinó acumular este asunto a otro procedimiento relacionado y declaró improcedentes las medidas cautelares y de protección solicitadas, al tratarse de hechos consumados y por no advertirse elementos que justificaran medidas urgentes.
En un segundo asunto, el órgano colegiado resolvió implementar medidas de protección en favor de una persona promovente dentro de un procedimiento en el que se investigan presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
La determinación se adoptó después de que el Instituto aplicó el cuestionario de análisis de riesgo previsto en su protocolo de atención de casos de violencia de género. Con base en los resultados obtenidos y las circunstancias particulares del caso, se concluyó que existen elementos suficientes para justificar la adopción de medidas de protección.
