=La diputada Ana González pide atender ese problema como responsabilidad compartida
Por Juán García Heredia
El acoso escolar, conocido comúnmente como bullying, se ha consolidado como una de las principales causas de deserción en el ámbito de la educación básica en México, según informes camerales facilitados este 7 de diciembre de 2025.
Ese problema no solo ha generado un impacto negativo en el rendimiento académico de los estudiantes, sino también consecuencias psicológicas severas y un aumento en la violencia juvenil, de acuerdo con un comunicado de la Cámara de Diputados.
En medio de esa situación, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Isabel González González, presentó una iniciativa que adiciona los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies a la Ley General de Educación, para atender el bullying «como responsabilidad compartida».
Establece que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia, el cuidado y respeto a la integridad personal. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.
«Se entenderá por bullying toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada por un estudiante hacia otro, con el fin de intimidar, excluir o dañar», indican las referencias.
La propuesta legislativa incluye que los padres o tutores tendrán por obligaciones participar en programas de prevención y capacitación sobre convivencia escolar, colaborar con las autoridades educativas en la corrección de conductas de sus hijos y garantizar que reciban atención psicológica cuando así lo determine la autoridad escolar.
Conforme a la diputada González González, cuando un estudiante incurra en conductas de bullying, la propuesta es aplicar a sus padres o tutores las siguientes medidas: «Como primera reincidencia, amonestación y obligación de asistir a cursos de parentalidad positiva; segunda, una multa económica proporcional al ingreso familiar, determinada por la autoridad competente; tercera, canalización obligatoria a las instancias de procuración de justicia para evaluar medidas de protección y responsabilidad parental».
Enfatiza que las sanciones deberán ser proporcionales, garantizando siempre el interés superior de la niñez y evitando criminalizar a los menores.
La propuesta, enviada a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para su dictamen, además establece que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Sistema Nacional DIF y las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, establecerá los lineamientos para la aplicación de este capítulo.
