=La mayoría en el Senado avaló desaparición del organismo
=Contraviene al sistema internacional de derechos humanos, aseguran
Por Juan García Heredia
La eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) por parte del Senado mexicano, es un «grave retroceso institucional que vulnera la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho a una evaluación objetiva de la política social.
Tal informó este 27 de junio de 2025 la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), a través de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, al tiempo de expresar su profunda preocupación ante esa reciente decisión.
La agrupación recordó que, con 73 votos a favor y 34 en contra, el Senado aprobó la reforma que extingue al Coneval y transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta decisión, que reforma la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se enmarca dentro de una reforma más amplia para desaparecer diversos organismos autónomos, como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia), la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Coneval, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, explica el organismo.
Gutiérrez Yáñez advirtió que esta decisión contraviene principios fundamentales del sistema internacional de derechos humanos, ya que todos los países que integran las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de garantizar políticas públicas evaluadas con autonomía y de manera transparente, sobre todo aquellas dirigidas a reducir la desigualdad y la pobreza.
“El desmantelamiento del Coneval no solo limita la posibilidad de evaluar el impacto real de los programas sociales; también debilita el control ciudadano sobre las acciones del Estado. Esto abre la puerta a la corrupción y a la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos”, subraya el activista.
